Desde principios de enero de 2026, más de 2.000 agentes de ICE (Immigration and Customs Enforcement) y agentes de la Patrulla Fronteriza han sido desplegados en la zona metropolitana de Minneapolis–Saint Paul, en el marco de lo que el gobierno federal ha bautizado como una operación para arrestar a inmigrantes sin estatus legal, muchos de ellos acusados de delitos graves. (The Guardian)
El tiroteo que detonó la crisis
La tensión alcanzó un punto crítico el 7 de enero, cuando un agente de ICE disparó y mató a Renee Nicole Good, una mujer estadounidense de 37 años en pleno centro de Minneapolis. El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que la agente actuó en defensa propia, pero videos difundidos públicamente muestran a Good alejándose en su vehículo cuando recibió los disparos. (Wikipedia)
La muerte de Good no solo provocó indignación en la comunidad local, sino que se convirtió en un catalizador para protestas diarias y manifestaciones en múltiples ciudades del país. (The Guardian)
Choques entre manifestantes y agentes
En varias jornadas, especialmente frente al Federal Whipple Building en Minneapolis, protestas pacíficas derivaron en enfrentamientos con agentes federales, que incluso usaron gas lacrimógeno y agentes químicos irritantes para dispersar multitudes. (PBS)
Las manifestaciones no se limitan a las calles: estudiantes han realizado paros en escuelas y legisladores locales han programado audiencias para examinar las tácticas federales en terreno. (FOX 9 Minneapolis-St. Paul)
Repercusiones legales y políticas
Demandas estatales contra el gobierno federal
El Estado de Minnesota y el de Illinois presentaron demandas federales para frenar el despliegue de agentes, calificándolo de violación constitucional y acusando al gobierno de usar la fuerza para “intimidar” a comunidades inmigrantes y castigar a estados con gobiernos progresistas. (Reuters)
La demanda busca, entre otras cosas, que los agentes porten identificación visible, cámaras corporales y que cesen las prácticas de arrestos sin órdenes judiciales claras. (Reuters)
Crisis interna en el Departamento de Justicia
La decisión del Departamento de Justicia de no abrir una investigación formal de derechos civiles sobre el asesinato de Good ha desatado una crisis interna: al menos seis fiscales federales en Minnesota renunciaron en protesta, argumentando interferencia política en decisiones de alto perfil. (AP News)
Los renuncias incluyen figuras reconocidas que lideraban investigaciones complejas en el estado, debilitando aún más la confianza entre autoridades estatales y federales. (AP News)
Narrativas enfrentadas
Para el gobierno federal, la operación busca garantizar la seguridad pública y combatir crímenes cometidos por personas sin estatus migratorio. El DHS ha presentado arrestos de individuos con antecedentes de delitos graves como evidencia de la necesidad de la acción. (The Guardian)
Sin embargo, líderes locales, organizaciones civiles y activistas califican la campaña como una militarización de políticas migratorias que ha generado miedo y división en comunidades ya vulnerables. Según críticos, se están cometiendo detenciones arbitrarias y poniéndose en riesgo los derechos civiles de residentes y ciudadanos. (The Guardian)
Reacciones desde el poder
El presidente de Estados Unidos ha respondido con declaraciones duras dirigidas a Minnesota, hablando de una “llegada de cuentas y retribución” mientras las protestas continúan. (Al Jazeera)
Mientras tanto, figuras como congresistas y líderes locales buscan legislación para proteger contra abusos en operaciones migratorias, mostrando que el tema está lejos de resolverse y marcando un choque profundo entre esferas federal y estatal. (The Guardian)
Clima social en medio de la crisis
Las calles de Minneapolis y Saint Paul siguen siendo un escenario de debate acalorado: las protestas no solo se enfocan en la presencia de ICE, sino que han avivado discusiones sobre la justicia, el uso de la fuerza, y el papel del gobierno federal en decisiones locales de seguridad. (PBS)
Conclusión
La situación de ICE en Minnesota ha trascendido el terreno de la política migratoria para convertirse en un foco de tensión nacional que enfrenta a comunidades locales con el gobierno federal, pone en jaque prácticas de aplicación de la ley y reconfigura un debate profundo sobre derechos civiles, soberanía estatal y el pulso político de Estados Unidos en 2026.
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